Autor: Alejandro Gándara Alvarado
Ante la insistencia del Gobierno de la República en materia de Seguridad Ciudadana de no enfrentar a los integrantes del crimen organizado y los números que arroja en materia de muertos, secuestros y asaltos, en este tema es indispensable repasar cifras oficiales y de organismos no gubernamentales para analizar fríamente si el modelo de la actual administración sirve, y para qué.
Los críticos del gobierno actual no le dejan pasar una sola muerte o escándalo en materia de seguridad a la actual administración, a su vez, el gobierno central se cuelga rápidamente de cualquier cifra que marque un descenso (por pírrico que parezca) para demostrar que el trabajo se hace y se hace bien.
Inclusive en las propias dependencias del gobierno federal existen fuertes contradicciones como las dadas a conocer el pasado 5 de julio cuando el periodista Jorge Ramos increpó al presidente López Obrador al decirle que el combate al crimen es un fracaso:
– Pero no hay resultados, insistió Ramos.
“Como no, si hay, yo respeto tu punto de vista pero no lo comparto”.
-Son solo las cifras de su propio Gobierno, yo la saqué de su Gobierno, enfatizó el periodista.
“Yo creo que te dieron mal las cifras, yo tengo otros datos”, reiteró el Mandatario. “Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero en el tiempo que llevamos a habido una disminución, repito, mínima, en el caso de homicidio del 3 por ciento”, defendió.
Hasta al interior del Gobierno hay discrepancias. Como confiar entonces que se está trabajando correctamente para que la ciudadanía podamos recuperar el territorio nacional y transitarlo con tranquilidad si ni en el Gobierno hay coincidencia.
Repasemos con calma estudios serios que se hacen con frecuencia, tal es el caso del Instituto para la Economía y la Paz quién reconoce que: “La tasa de crímenes de la delincuencia organizada ha aumentado en un 40.5% desde 2015.”
Lo anterior se debe a la fragmentación de las principales organizaciones delictivas y a la proliferación de grupos delictivos organizados más pequeños que han intensificado la competencia por el territorio, el acceso a las rutas del narcotráfico y el control de las actividades ilícitas.
La violencia con armas de fuego ha aumentado en consonancia con la actividad de la delincuencia organizada, y los enfrentamientos violentos entre grupos delictivos rivales han elevado la tasa de homicidios en México; en 2020, se estimó que hasta dos tercios de los homicidios ocurridos en México estaban relacionados con la delincuencia organizada. Se estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.71 billones de pesos (US$ 221 mil millones) en 2020, lo que equivale al 22.5% del PIB de México. Este monto es más de siete veces mayor que el gasto del Gobierno en el sistema de salud pública y más de seis veces mayor que el gasto del Gobierno en el sistema educativo en 2020. Sobre una base per cápita, el impacto económico de la violencia fue de $36,893 pesos (US$ 1,730), aproximadamente dos veces el salario mensual promedio en México. Si el nivel de violencia en todos los estados se redujera al nivel de los cinco estados más pacíficos, esto daría como resultado un dividendo de paz de 3.3 billones de pesos (US$ 154 mil millones) al año, lo que equivale al 16% del PIB de México[1].
El impacto económico de la violencia mejoró por segundo año consecutivo en 2020, disminuyendo un 1.8%, u 88 mil millones de pesos, con respecto al año anterior. En 2020, la mejora estuvo liderada por la disminución de delitos oportunistas, como secuestro, robo, extorsión y asaltos violentos. A esto le siguieron mejoras en el impacto económico del homicidio, que cayó 72.3 mil millones de pesos en 2020[2]. Sin embargo, los gastos militares y de protección privada aumentaron con respecto al año anterior.
Para abordar eficazmente la violencia, México debe aumentar su gasto en el sistema de justicia penal. En 2020, México reportó el gasto en seguridad y justicia nacional más bajo como porcentaje del PIB de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del 0.73% del PIB. Esto es menos de la mitad del promedio de la OCDE, de 1.68%[3]. También es el porcentaje más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe, cuya tasa promedio en la región es similar al promedio de la OCDE.
Teoricemos. La cuestión del orden social empieza a volverse un problema cuando se estima que para instaurarlo o conservarlo se hace necesario recurrir a la violencia, aunque sea como instrumento residual, para lograr la obediencia de determinados individuos, dado que el orden no es algo ineludible. De esta manera, la violencia -es decir: el uso de la fuerza física que amenaza o lesiona la vida humana o la integridad personal, que se aplica de forma finalista con la intención de dañar o destruir y para la consecución de determinados fines- es considerada un instrumento imprescindible para asegurar la convivencia pacífica y el acatamiento a las normas, deviniendo parte de lo político-institucional por cuanto se atribuye al estado el monopolio legal del poder, en el sentido de ser la autoridad que realiza el ajuste final de los conflictos entre individuos o grupos, si llega a ser necesario, mediante el empleo de la violencia. Nada nuevo aquí, dirán los estudiosos de la Ciencia Política; fue el propio politólogo alemán Max Weber quien precisó el concepto que define a una sola entidad, el Estado, en ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio, resulta importante resaltar que el propio Weber enfatizaba que dicho monopolio debe producirse a través de un proceso de legitimación. En su ensayo La Política como Vocación publicado en 1919, Weber introduce al lector en algunos de los conceptos políticos fundamentales junto a los conceptos de política y de Estado, los tipos de dominación, el Estado moderno y la democracia plebiscitaria y es importante destacar que el Gobierno actual lo tiene, pero se niega a ejercerlo.
Hay varias formas de ejercer la fuerza del Estado, una de ellas lejos de recurrir a las Fuerzas Armadas, es fortalecer las instituciones civiles y tomar acciones en lo local. El uso del Ejército pareciese un acto de fuerza, pero en realidad es una muestra de debilidad del Estado mexicano, así lo planteó Jaime Domingo López Buitrón, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Mientras la discusión encuentra nuevas formas de reproducirse, en las calles la violencia o la percepción por violencia aumenta, los datos que refleja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (junio 2021) del INEGI lo deja en claro:
Cuadro 1: porcentaje de la población de 18 años y más que se siente insegura por tipo de lugar. Marzo de 2021 y junio de 2021 (Porcentaje)
Nadie puede contra la fuerza del Estado, no existe grupo criminal, individuo o asociación que se le pueda enfrentar, por lo que resulta extraño esta falta de interés por utilizar algo que es connatural. El no hacerlo se presta, por obviedad, a todo tipo de especulaciones; y desde luego basta recordar lo ocurrido en Michoacán en mayo de 2014 cuando el ex-gobernador interino y ex-secretario General de Gobierno de Michoacán José Jesús Reyna García fue consignado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El Ministerio Público Federal reunió -entonces- elementos para acusar al exfuncionario michoacano de posibles vínculos con Los Caballeros Templarios y su líder, Servando Gómez Martínez, La Tuta, bajo los cargos de delincuencia organizada, en la modalidad de fomento de delitos contra la salud.
Esto es, ¿acaso el crimen organizado está ya incrustado en algunas áreas del Gobierno (Federal, Estatal, Municipal)? de ser así el daño y el tiempo para recuperar el orden, la organización, la libertad y la tranquilidad en el país está seriamente dañada y eso nos llevará mucho, pero mucho tiempo recuperar.
[1] Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP). (2020). “Boletín Ranking 2019 de las 50 ciudades más violentas del mundo”. Seguridad, Justicia y Paz.
[2] Associated Press. (2020). “Mexico sees most journalists killed in 2020, group says”. AP NEWS.
[3] Cálculo utilizando datos del SESNSP y estimación de Lantia Consultores de homicidios relacionados con la delincuencia organizada en Beittel, J.S. (2020). Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations. Congressional Research Service.
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